La práctica y el uso del término “litigio estratégico” ha ganado una enorme popularidad, sin embargo, existe aún mucha confusión sobre este concepto emergente, que podría definirse mediante cuatro rasgos esenciales: (I) busca resultados con un impacto a largo plazo, que van más allá de los orígenes de la denuncia del demandante; (II) es un método de promoción más que una causa y, por lo tanto, se adapta a una variedad de propósitos; (III) sus objetivos son igualmente multifacéticos y van más allá de crear efectos dentro del sistema judicial; (IV) ve el “litigio” de manera amplia, para incluir tribunales y mecanismos internacionales de reparación.
Introducción
Este concepto es utilizado tanto por profesionales, activistas o académicos. Sin embargo, aún no existe una definición acordada por los académicos, a pesar de que hay evidencia de que una agenda de investigación embrionaria está tomando forma en relación con él[1].
Dado que “litigio” claramente implica el uso de mecanismos judiciales para plantear un problema y, por lo general, asegurar un resultado (ya sea en forma de sentencia o de un acuerdo), esa parte del término es bastante sencillo. Sin embargo, lo que se considera “estratégico” plantea una serie de preguntas respecto de la amplitud y el enfoque del término. Por ello, para apreciar plenamente el impacto de la práctica emergente de la litigación estratégica, es necesario identificar sus características clave y compararlas con estos otros conceptos relacionados.
La definición de “litigio estratégico”
El término “litigio estratégico” parece haber sido adoptado en primer lugar por los profesionales: varias organizaciones pioneras y defensores que emplearon cada vez más este término para describir sus ocupaciones.
Un elemento central del litigio estratégico es su intención de tener efectos más allá de los del litigante individual que presenta el caso, es decir, con el objetivo explícito de impactar positivamente a personas distintas del individuo. Así, el litigio estratégico va un paso más allá y busca un cambio social y legal, que tendrá un impacto en la población y el gobierno, utilizando el poder de los tribunales para cambiar las leyes y políticas para defender y promover las protecciones constitucionales y los derechos humanos[2].
Otras definiciones ven el objetivo del litigio estratégico como maximizar la utilidad del mayor número, siendo un proceso donde “los casos se toman con el objetivo específico de beneficiar a la mayor cantidad de personas posible al provocar un cambio en la ley y / o su implementación en la práctica”[3]. De manera similar, Trial International, al ofrecer una definición de litigio estratégico, señala que “no es suficiente litigar casos que solo traerían justicia a víctimas individuales: lo que se necesita es cambio sistémico para todas las víctimas de los mismos delitos”[4].
Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil suelen reconocer la importancia de identificar y seleccionar “cuidadosamente” a los posibles litigantes para que sean el rostro del caso. El hecho de que se haga hincapié en la selección “cuidadosa” en sí mismo es indicativo de cómo la empresa de litigio estratégico está coordinada por la sociedad civil en lugar de ser presentada únicamente por iniciativa de un individuo “de espíritu público”.
Pero, como se señaló, es inexacto decir que el litigio estratégico no es capaz de beneficiar al litigante individual, sino que, además de ello, un litigante estratégico, de acuerdo con la Red de Información sobre Derechos del Niño, actuará así para promover los intereses de un grupo o comunidad de la que forma parte. Así, es presentado por individuos que “quieren usar la ley para dejar una marca duradera más allá de simplemente ganar el asunto en cuestión”[5].
Situaciones de litigación estratégica
No todos los casos cuentan con las características necesarias para ser tratados como litigios estratégicos, y es posible que no siempre sea necesario presentar un caso para alcanzar su objetivo o promover su causa. En general, los litigios pueden ser un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. En algunos casos, puede tener sentido reservar la presentación de demandas solo para personas o gobiernos que se han resistido a todas las demás formas de cambio. Hay muchos factores que se pueden considerar al tomar la decisión de presentar o no un caso, como son la existencia de una cuestión que involucre a su vez un problema social más amplio.
Para ello, cabe realizarse preguntas como, ¿Podría una decisión judicial abordar ese problema? ¿Tendría la decisión judicial un efecto generalizado? ¿Su causa y el tema clave del caso son fáciles de entender para los medios de comunicación y el público en general? ¿Qué tan grande es el potencial de cobertura de los medios? ¿Son posibles otros métodos para lograr sus objetivos? Si es así, ¿qué tan efectivos serían en comparación con un enfoque de litigio estratégico? ¿Son los tribunales de la jurisdicción en la que presentaría el caso independientes de las otras ramas del gobierno, bien considerados y receptivos o comprensivos tanto con su causa como con el litigio estratégico en general?
Asimismo, resultan más idóneos para el empleo de la litigación estratégica aquellas situaciones en las que se trabaje con leyes poco claras o ambiguas, por ofrecer estas una mayor oportunidad de crear un precedente nuevo e innovador, si bien con un mayor riesgo. Así, en algunas jurisdicciones, los tribunales pueden incluso ordenar que la persona, gobierno u organización demandada no solo deje de causar más daño, sino que trabaje activamente para remediar el daño que ha causado y evitar que tales cosas sucedan en el futuro. En esta línea, es posible que se requiera que estos órganos diseñen y pongan en marcha nuevos sistemas y mecanismos para proteger los derechos, brindar atención o prevenir abusos.
De entre los casos más repercusivos de litigación estratégica, puede citarse el caso “MC Mehta contra el estado de Tamil Nadu y otros”. En este caso, el demandante activista indio MC Mehta demandó al estado de Tamil Nadu para mejorar las condiciones laborales de los niños y brindarles educación a los niños rescatados de trabajos peligrosos[6]. Por otro lado, en el caso “Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay”, relacionado con un centro de detención de menores superpoblado en Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares mínimos de atención para los jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran bajo custodia estatal[7].
Entre los casos típicos de litigación estratégica se encuentran aquellos que involucran el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional en general, en cuyo caso es necesario atender al modo en que se interrelacionan el ordenamiento jurídico internacional con los ordenamientos internos, y especialmente el reconocimiento que se le otorga a las resoluciones dictadas por organismos cuasi jurisdiccionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
Con relación a ello, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como otros tratados en la materia, prevé a través de su protocolo facultativo la creación de un comité con competencias para recibir comunicaciones individuales en la forma de denuncias de vulneraciones de la Convención por parte de los Estados.
Requisitos y expectativas sobre el tiempo
Los diferentes tipos de demandas generalmente cuentan con diferentes requisitos de tiempo, por lo que es importante conocer cuánto tiempo tiene para presentarlos ante el órgano competente. Generalmente, el plazo de prescripción comienza a correr desde el momento en que tuvieron lugar los hechos que dan motivo a la demanda. No obstante, en ocasiones dicho plazo puede comenzar a correr a partir de que el afectado tuviese constancia de las lesiones. Por otro lado, en aquellos casos que involucran niños, es posible que el plazo prescriptivo no comience a correr hasta que estos alcanzan la mayoría de edad, de forma que sus reclamos legales quedan preservados.
En relación a otro de los requisitos fundamentales, como es el agotamiento de los recursos internos, este resulta especialmente frecuente ante instancias internacionales, de forma que previamente al sometimiento de asunto a conocimiento de un órganos jurisdiccional internacional, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o alguno de los Comités de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, se exige que el peticionario haya agotado todos los recursos de los que dispone en la jurisdicción interna para que su pretensiones sean atendidas. Igualmente, puede existir un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción ante un tribunal superior, que, en el caso de los tribunales internacionales, tiende a ser un periodo de 6 meses desde que se dictó la última resolución frente a la que no cabía recurso en la jurisdicción interna.
No obstante, puede haber excepciones tanto para el requisito de agotamiento de los recursos internos, como para los límites de tiempo establecidos. Por ejemplo, si puede probar que los tribunales de la jurisdicción en la que presentaría su reclamo son corruptos, es posible que el peticionario no tenga que agotar todas las vías judiciales y administrativas que el Estado en cuestión pondría a su disposición. Así mismo, si este puede demostrar que no pudo presentar su caso dentro del plazo previsto debido a causas ajenas al mismo, es posible que se le conceda una prórroga[8].
Por otro lado, debido a que el litigio necesariamente involucra a otras personas, organizaciones o gobiernos y debe ser supervisado por un órgano judicial, a menudo es difícil predecir cuánto tiempo tomará antes de obtener una decisión final. Cualquier número de factores puede influir en la duración de una demanda, pero en general, el litigio durará períodos de tiempo más largos cuanto más complejo sea el caso, más partes estén involucradas, menos dispuestas estarán las partes a resolver los asuntos y más ocupado estarán.
Por lo que respecta a las medidas cautelares, en algunos juzgados o tribunales, es posible que pueda solicitar medidas provisionales, diseñadas para prevenir cualquier daño adicional a las partes mientras se decide el caso, por lo que la corte o tribunal puede ordenar a los acusados que cesen ciertas acciones al comienzo del caso o evitar que una ley o política potencialmente dañina entre en vigencia. Una vez dictada sentencia firme, las medidas provisionales pueden adquirir carácter permanente, modificarse o levantarse en su totalidad.
Quién puede entablar un litigio estratégico
Al respecto, se suele discutir si una organización puede presentar una queja en nombre de las personas que han sufrido agravios o si esas personas deben presentar sus casos directamente, aceptándose por lo general la posibilidad de interponer demanda por una agrupación en representación del afectado. Así mismo, la legitimación puede determinar si se permite que los terceros interesados intervengan directamente o se unan en un caso que ya ha sido presentado. Estos terceros pueden ser personas u organizaciones que no resultaron perjudicadas directamente por las acciones o el comportamiento de la persona, organización o gobierno que está demandando, pero que mantienen un gran interés en el resultado del litigio[9].
Por otro lado, encontramos los amicus curiae, que son un recurso para que aquellos terceros que no han podido intervenir en el procedimiento, aún puedan ayudar en el litigio dando a conocer sus opiniones. Esta expresión significa “amigo del tribunal” y muchas jurisdicciones permiten que las organizaciones interesadas preparen y presenten documentos legales en apoyo de una de las partes en el caso. Además, existe la posibilidad de interponer demandas colectivas en representación de grupos, a través del cual, un pequeño grupo de personas o una organización representativa demanda en nombre de un grupo mucho más grande[10].
Cómo elegir al demandado
Tan importante como encontrar personas que entablarán una demanda es averiguar a quién deben demandar exactamente, lo que se conoce como legitimación pasiva. En algunos casos, quedará muy claro quién sería el acusado apropiado para una demanda. Aun así, puede haber más opciones disponibles de las que cree, debiéndose considerar varios elementos, como son las leyes aplicables al caso; los requisitos de procedimiento o de competencia que sugieran o exijan la selección de un acusado en particular; la probabilidad de éxito que pueda tener al presentar su demanda contra posibles acusados también podría entrar en juego.
No obstante, el demandado más común en los casos de litigios estratégicos son Estados, dado que la violación de derechos humanos provocada suele tener como causa una actuación ineficiente o inexistente de las autoridades gubernamentales, especialmente las administraciones de Justicia. Así mismo, dado que el objetivo del litigio estratégico es un cambio social más amplio, los acusados suelen ser ramas del gobierno[11].
Dónde se puede presentar el litigio estratégico
Resulta común entre los requisitos de los órganos jurisdiccionales internacionales[12] el exigir el agotamiento previo de las vías de recursos internas del Estado en el que se ha producido la vulneración. Por ello, en primer lugar, se deberá acudir a un tribunal local, estatal o naciona. Las jurisdicciones tienen reglas muy diferentes sobre cuándo y quién puede presentar un caso, encontrando en este caso requisitos de residencia, ciudadanía u otros. Así mismo, las leyes y reglas que se aplican en esta jurisdicción serán muy importantes para el resultado de su caso.
Tras ello, se podrá acudir a los mecanismos internacionalmente previstos, en cuyo caso deberemos remitirnos a las reglas de la corte o tribunal que determinen su competencia y funcionamiento[13]. Al respecto, hay dos formas en que las jurisdicciones abordan los tratados y otros acuerdos internacionales. En los llamados sistemas monistas, las leyes y acuerdos internacionales pueden ser aplicados directamente por las autoridades nacionales y en los tribunales nacionales una vez que un tratado o acuerdo ha sido firmado, ratificado y entrado en vigor. Sin embargo, en los sistemas dualistas, las autoridades o los tribunales no pueden hacer cumplir los tratados o acuerdos hasta que no se hayan aprobado leyes nacionales que incorporen los principios que sustentan esos tratados o acuerdos. Debido a esto, si su demanda involucra asuntos internacionales, puede ser de alguna manera más fácil presentar un caso en un sistema monista, una jurisdicción que aplicaría el lenguaje claro del tratado o acuerdo en sí.
[1] Véase, por ejemplo, G. Fuchs, Litigio estratégico para la igualdad de género en el lugar de trabajo y estructuras de oportunidades legales en cuatro países europeos, 28 (2) Revista Canadiense de Derecho y Sociedad / Revue Canadienne Droit et Société 189-208; E. González-Ocantos,Preferencias legales y litigio estratégico: una teoría del cambio judicial, en Goldschmidt, (2013) Shifting Legal Visions: Judicial Change and Human Rights Trials in Latin America (2016), págs. 27-71; J. Litigio Estratégico por Organismos de Igualdad e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para Promover Igualdad, en Y. Haeck et al. La realización de los derechos humanos: cuando la teoría se encuentra con la práctica (2014); A. O’Neill, Litigio estratégico ante los tribunales europeos, 16 (4) Foro ERA (2015); C. Barbero,Abordar el desafío de la evaluación en derechos humanos: evaluar el impacto de las organizaciones estratégicas de litigio, 16 (3) La Revista Internacional de Derechos Humanos (2012) 411-435; O. Solvang,Chechenia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el Méritos del litigio estratégico, 19.
[2] Centro malasio para el constitucionalismo y los derechos humanos, ‘Capacitación en litigios estratégicos para abogados: Manual del facilitador’, 2014, p25: https://mcchr.org/strategic-litigation (entrada número 98).
[3]European Database on Asylum Law: www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/strategic-litigation-european-level (entrada número 17).
[4] Programa de Sexualidad, Pobreza y Derecho: http://spl.ids.ac.uk/sexuality-and-social-justice-toolkit/3-taking- action-what-you-can-do (entrada 15).
[5] Child Rights Information Network, ‘Children’s Rights: A Guide to Strategic Litigation’, 2008: https://www.crin.org/en/docs/Childrens_Rights_Guide_to_Strategic_Litigation.pdf (entrada 6); https://www.crin.org/en/guides/legal/guide-strategic-litigation/what-strategic-litigation. (entrada 75) (vincula a varios documentos, incluida la Guía).
[6] Para más detalles, puede consultarse en http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1264
[7] Para más detalles, puede consultarse en http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1074
[8] Ariel E. Dulitzky y Luguely Cunillera Tapia, Una perspectiva no gubernamental sobre la Protección Internacional de la Niñez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 8 Journal of Transnational Law and Policy 265 (primavera de 1999).
[9] Asociación de Derecho Internacional, Conferencia de Río de Janeiro (2008), Litigio Civil Internacional e Intereses del Público, Acciones del Grupo Transnacional: Informe y Resolución, disponible en http://www.ila-hq.org/
[10] La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó con éxito una demanda colectiva contra un distrito escolar que había estado discriminando a los estudiantes nativos americanos. Todos los detalles:http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1227
[11] Casos de la instalación de producción nuclear de Chelyabinsk / Mayak. Después de uno de los desastres nucleares más grandes de la historia del mundo, los niños de las zonas afectadas se vieron obligados a ayudar en los esfuerzos de limpieza y han sufrido graves problemas de salud desde hace mucho tiempo. Muchos han demandado con éxito al gobierno y ahora reciben pequeños pagos de manutención. Ir a:http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1262
[12] Órganos de tratados de las Naciones Unidas (véase http://www.crin.org/UN/TBs.asp)
[13] Cortes, tribunales o comisiones internacionales (ver http://www.crin.org/law/mechanisms_index.asp)
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